Revisión de algunos aspectos relevantes para combatir el acoso moral y sexual a partir del Convenio 190 de la OIT

Resumen

Con la sanción en 2019 del Convenio 190 y la Recomendación 206, la OIT procuró reconocer y garantizar el derecho de las personas que trabajan, a hacerlo en un marco libre de violencia y acoso. Las normas aprobadas, se caracterizan por presentar una vasta laxitud, abarcando a través de sus regulaciones, toda clase de comportamientos, conductas, actos o prácticas que representen formas de ejercer violencia y acoso, incluidas las basados en razones de género o de naturaleza sexual. Más aún, incorporan una noción genérica y amplia de violencia y acoso, con el fin de precaver riesgos no previstos, que puedan sobrevenir en función de la dinámica bajo las que evolucionan las particularidades de trabajo y de la tecnología. Objetivamente, se procura poner a cubierto los efectos lesivos que puedan producir daño físico, económico, sexual o psico social, admitiéndose que el origen del evento de violencia o acoso pueda derivar de la comisión reiterada de comportamientos o de un acto único, y hasta la mera existencia de un riesgo o amenaza potencial, aún sin concretarse una lesión efectiva. Subjetivamente, el alcance se extiende a los ámbitos tanto privado como público, no limitándose al lugar de trabajo, sino contemplando las ocurrencias que se verifiquen en el trayecto hacia o desde el mismo. Por otra parte, abarcan tanto a los trabajadores asalariados, como a todas las personas que se desempeñen laboralmente, cualquiera sea su situación contractual (pasantes, aprendices, voluntarios, quienes buscan trabajo o han sido despedidos) y también a los trabajadores informales. Se mandata a los Estados ratificantes del CIT 190 para que adopten una legislación específica, pero que además aporten medidas políticas eficaces de prevención, abordaje, sensibilización y contralor sobre la violencia y el acoso en el trabajo. A tal fin, deben facilitar orientaciones, recursos, formación y herramientas adecuadas, tanto a trabajadores y empleadores, como a sus organizaciones. La adopción de estas normas internacionales, representa un reto trascendente, constituyendo un instrumento de avance necesario y conveniente para asegurar el trabajo decente y la justicia social.